Cantabria solicitará al Ministerio de Transporte la limitación de tarjetas de acceso a la condición de transportista y apoyará al sector con ayudas a la jubilación. También publicará una orden de subvenciones para medidas tecnológicas que ayuden a los transportistas a cumplir la ley y defenderá la libre competencia. Estas medidas "de emergencia" para una situación "extremadamente grave" estarán en marcha dentro de un mes.

Así lo anunció hoy el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, en una rueda de prensa previa a la reunión que mantuvo con el presidente, Jaime Díaz, y la Junta Directiva de Asemtrasan, asociación que agrupa a la mayoría de autónomos del sector del transporte por carretera.

El consejero también hizo un llamamiento a la CEOE, asociaciones de transporte y Asemtrasan para que "inicien una vía de diálogo" que permita la fijación de unas tarifas "sostenibles" para todos.

Del Olmo apuntó que aunque la "conflictividad" que protagonizaron los transportistas hace dos semanas "se ha resuelto", se mantiene la situación "extremadamente difícil" de las empresas de transporte, un sector que "está en crisis", lo que le ha llevado a "lanzar un pañuelo" a Asemtrasan. Así, "en ausencia de conflictividad", el Gobierno regional está dispuesto "iniciar un proceso de análisis de la situación y de soluciones al alcance de la Administración" autonómica, dijo.

Una es la defensa de la libre competencia a través de inspecciones y sanciones, lo que la Consejería hace en colaboración con el Grupo de Transportes de la Guardia Civil; de hecho, el 90 por ciento de los expedientes se inician por la Benemérita.

Además, dado que el incremento del precio del petróleo afecta especialmente a los transportistas, la Comunidad es partidaria de "limitar la entrada de nuevos actores en el sector", por lo que defenderá en Madrid la "congelación" de las tarjetas de empresa.

Igualmente, la Consejería de Industria "aumentará" las ayudas a la jubilación de transportistas contempladas en el programa acordado con el Ministerio.

También, según avanzó el director general de Transportes, Marín Sanz, el Gobierno convocará subvenciones mediante una orden de ayudas para la implantación de medidas tecnológicas "para que el sector cumpla la ley", como lectores de tacógrafos y otras que permitirán saber a los conductores el peso que lleva su camión, lo que redundarán en beneficio del sector, pues, por ejemplo, en ocasiones se lleva más peso del permitido y por tanto se realizan menos viajes.

UN PROCESO "LARGO Y COMPLEJO"
Del Olmo avanzó que será un proceso "largo y complejo" en el que Administración y asociación tendrán que llegar "a una postura común", pero confió en el diálogo como vía de solución, y se remitió al conflicto de los transportistas en el Puerto de Santander, que se solucionó por este cauce.

Por otra parte, el consejero hizo un llamamiento a la CEOE y asociaciones de transporte para que los cargadores "lleguen a sentir la necesidad de tarifas que cubran los costes de transporte", porque "a veces no lo hacen", lo que "a medio y largo plazo puede llevar a la desaparición de empresas de transporte y de puestos de trabajo", advirtió el consejero.

Por su parte, Jaime Díaz expresó su apoyo a la limitación de tarjetas "para que no se cuele más gente por la otra puerta" y porque "protege" al sector en un mercado donde "los precios se están disparando a la baja y los combustible, al alta".

Díaz destacó la "buena voluntad" del Gobierno cántabro y afirmó que éste y Asemtrasan pueden "hacer grandes cosas de la mano". En su opinión, estas medidas pueden "paliar en parte" la situación porque "todo lo que sea reducir costes al socio vendrá bien para ser competitivo en el mercado", dijo.

En cuanto a la posibilidad de convocar nuevos paros, Díaz subrayó que la asociación quiere "arreglar" su "casa", aunque observó que si se convoca un paro nacional "no dejan salir" a los camiones. "Pero no vamos a ser los primeros; hemos pecado de partidillos y no seremos lanzaderas, como otras veces", aseguró.

No obstante, insistió en la "buena voluntad" del Gobierno cántabro "para ver qué se puede arreglar".